La Inspección denuncia un fraude masivo con los “falsos autónomos”

Hoy compartimos dos noticias sobre los falsos autónomos, una cuestión que está de actualidad tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo y el anuncio de una campaña de la Administración para sacar a la luz este tipo de situaciones. Por una parte compartimos la noticia de Eldiario.es en referencia a la sentencia del TS sobre la empresa Zardoya Otis SA y a continuación la noticia de Expansión sobre la campaña


Expansión

La Inspección denuncia un fraude masivo con los “falsos autónomos”

La Seguridad Social sólo tiene registrados 10.000 de los 300.000 autónomos dependientes de un solo cliente y que, en realidad, actúan como asalariados.

La Inspección de Trabajo ha denunciado en el Congreso de los Diputados un “fraude masivo, de diversas modalidades”, a la Seguridad Social, y contra los derechos de los trabajadores, con los “falsos autónomos”. Es decir, son empleados obligados a hacerse autónomos, para que la empresa no pague la Seguridad Social. Son trabajadores que no están en la plantilla de la compañía, pero que operan como asalariados suyos, con una disciplina, horarios, jornadas y cometidos.

Dicho de otra manera, no existe una relación laboral estricta entre empresa y trabajador, sino que, muchas veces, es un contrato mercantil. El trabajador autónomo, que en la práctica opera como un asalariado, factura a la empresa con la que trabaja. Incluso, muchas de estas relaciones han terminado convirtiendo al empleado en un trabajador autónomo dependiente económicamente. Es decir, lo que en la jerga del mundo del trabajo se conoce por sus siglas como trade. Dicho de otra manera también, son aquéllos que reciben, al menos, el 75% de sus ingresos de trabajar con una sola empresa.

El pasado 21 de febrero, Fermín Yébenes Salices, presidente y portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, compareció, a puerta cerrada, ante la subcomisión para el estudio de la reforma de los trabajadores autónomos, para denunciar el “fraude” que están cometiendo muchas empresas con este tipo de trabajadores. El objetivo es ahorrarse los costes de la Seguridad Social y salariales, además de poder prescindir de ellos con mayor facilidad que con los asalariados.


Eldiario.es

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) se ha reunido para unificar doctrina y, de paso, modernizar los criterios que ayuden a detectar al denominado “falso autónomo” en las empresas. Es decir, aquel trabajador que hace lo mismo que el personal legalmente contratado, pero cobrando menos y sin contar con derechos como el finiquito o la cotización a la Seguridad Social, lo que supone que no pueda acogerse a la prestación por desempleo. Gastos que, por el contrario, se ahorra la empresa.

Tanto la sentencia hecha pública el 24 de enero del presente año, como una posterior fechada el 8 de febrero, radica en la demanda interpuesta por cuatro hombres que trabajaban como autónomos para la conocida empresa de instalación y mantenimiento de ascensores Zardoya Otis S.A., tras serdespedidos en Las Palmas de Gran Canaria.

Los casos de dos de ellos llegaron por separado al Supremo, que profundizó en la línea divisoria que separa el trabajo de un asalariado del de un autónomo, para terminar dándole la razón a los trabajadores. Y es que, aunque en uno de los casos retrotrae las actuaciones a la primera instancia, en otro declara nulo el “despido” y obliga a la empresa a readmitir al empleado, al que deberá abonar los salarios que dejó de percibir durante los años que duró el proceso.

Los cuatro técnicos estaban dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y llevaban años prestando servicio en exclusiva a Zardoya Otis S.A., percibiendo sus retribuciones a través de facturas. Sin embargo, en el año 2013 un supervisor de montaje les hizo saber que debido al descenso del volumen de trabajo, sus servicios no serían requeridos.

Al no llegar a acuerdo y considerar que desarrollaban las mismas funciones que un oficial de segunda, cuyo salario asciende a los 2.100 euros brutos por convenio colectivo, presentaron una reclamación de derechos ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC). Esto provocó automáticamente que la empresa no volviera a ponerse en contacto con ellos. Es decir, un despido sin indemnización. Posteriormente, cada uno de los implicados llevó su caso ante la Justicia y, aunque en primera instancia se desestimara su demanda al considerar que la vía a utilizar era la de lo Civil y no la de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón a los trabajadores.

Los casos de dos de ellos son los que llegaron al Supremo, después de que Zardoya Otis S.A. recurriera solicitando la unificación de doctrina, alegando que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictaba lo contrario a lo sentenciado por el Tribunal canario en una situación semejante. Ahora, el Pleno de la Sala de lo Social del TS ratifica las conclusiones del TSJC y tumba las pretensiones de la empresa. 

Lugar de trabajo, plazos, retribución y dependencia

No es la primera vez que este tipo de casos provocan quebraderos de cabeza en la jurisdicción de lo Social, porque “la línea divisoria entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga (particularmente la ejecución de obra y el arrendamiento de servicios) regulados por la legislación civil o mercantil, no aparece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social”, señala el TS en su sentencia. 

Esto ha llevado al Pleno de la Sala de lo Social del Supremo a unificar criterios que parten de una base fundamental: la naturaleza del contrato. Por mucho que el documento firmado por ambas partes pueda poner lo contrario de forma errónea o interesada “la realidad fáctica debe prevalecer”.

Es decir, que por mucho que se haya firmado un contrato civil por prestación de servicios (autónomo), si la relación es laboral, ésta prevalece “independientemente de la calificación jurídica que le den las partes”.

La diferencia entre ambos contratos radica en que el primero se limita a la práctica de actos concretos, sin sujeción a ninguna jornada, vacaciones y órdenes, con lo que se asume el riesgo empresarial de la actividad. Por el contrario, en los contratos laborales concurren los supuestos de ajenidad y dependencia.

En el caso de dos técnicos de ascensor se cumplieron dos requisitos esenciales que desvelaron que eran falsos autónomos:

  • Dependencia: Asistencia al centro de trabajo del empresario o al lugar designado por éste y el sometimiento a horario. Este apartado es compatible con un régimen de sustituciones o las situaciones en las que el empleador se encarga de programar la actividad del trabajador, por mucho que éste tenga una supuesta libertad horaria y no necesite notificar sus vacaciones. El que los técnicos sólo trabajaran para esta entidad también fue determinante.
  • Ajenidad: El trabajador pone a disposición del empresario el fruto de su esfuerzo y es éste último el que adopta las decisiones de mercado, como los precios o la selección de la clientela. Esto supone que el trabajador no asume riesgo empresarial alguno. En el caso de los técnicos de ascensor, la mercantil no solo les proporcionaba los bienes de equipo y las instrucciones de montaje, sino que hasta llevaban un mono con el logo de OTIS.

Para diferenciar estos casos del autónomo económicamente dependiente, se refiere el Supremo a que el legislador “ha despejado posibles dudas”. Éste debe ser una persona física que realice “de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”.


 

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