MEDIDAS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE ALARMA

En el Decreto Ley 11/2020 el Gobierno ha establecido una serie de medidas para garantizar el mantenimiento de los contratos de arrendamiento de vivienda durante el Estado de Alarma decretado por causa del COVID19, para aquellos casos de especial vulnerabilidad de los arrendatarios o inquilinos.

Por tanto, en primer lugar, analizaremos cuales son esas personas que pueden acogerse a las medidas aprobadas:

ESTADO DE VULNERABILIDAD.– Arrendatarios que sean trabajadores en situación de desempleo, de ERTE o que hayan sido reducidos sustancialmente sus ingresos, incluidos empresarios (autónomos), cuyos ingresos de toda la unidad familiar, durante el mes anterior no superen los 1.613,52 €. Dicha cantidad podrá ser superior atendiendo a las circunstancias personales del arrendatario (discapacidad, familia monoparental o dependencia).

IMPORTE DE LA RENTA: El siguiente requisito a cumplir, será que la renta más gastos y suministros básicos, sea igual o superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de unidad familiar.

Si los arrendatarios cumplen dichos requisitos podrán acogerse a las siguientes MEDIDAS:

SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO.- Los arrendatarios de viviendas que estén incursos en un procedimiento de desahucio tras el levantamiento de la suspensión de plazos judiciales, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, a causa de la epidemia COVID19, podrán solicitar la suspensión del procedimiento, por un periodo máximo de 6 meses a contar desde 1 de abril de 2020, con traslado a los servicios sociales para que informen del estado de vulnerabilidad y medidas a adoptar. En dicho caso, el arrendador que cumpla con los requisitos de vulnerabilidad podrá comunicarlo también al juzgado, para que se adopten las medidas pertinentes.

PRORROGA EXTRAORDINARIA DE 6 MESES DE LOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. El arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria de máximo seis meses, para aquellos arrendamientos que finalicen dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del estado de alarma. Dicha prórroga deberá ser aceptada por el arrendador, pudiendo pactar las partes otras condicionas.

MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA. En caso de que el arrendador sea un grande tenedor y empresas o entidades públicas, es decir aquellas personas físicas o jurídicas titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie de 1500 m2 cuadrados, el arrendatario podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta en el plazo de un mes desde el 1 de abril de 2020. El procedimiento será el siguiente:

En primer lugar acuerdo voluntario por las partes.
En caso contrario el arrendador comunicará al arrendatario en el plazo máximo de 7 días laborales, su decisión, a elección entre las siguientes opciones:

  • Reducción del 50% durante el estado de alarma. Si fuera insuficiente de acuerdo a su situación vulnerable, se aplicará a las mensualidades siguientes, con un máximo de cuatro meses.
  • Moratoria automática durante el periodo de estado de alarma, prorrogables por cuatro meses. La cantidad aplazada se abonará a partir de la siguiente mensualidad, mediante el fraccionamiento de las cuotas prorrateadas por el plazo mínimo tres años. El arrendatario devolverá sin intereses las cantidades aplazadas y no podrá penalizarse al arrendatario.

Si el arrendador no es ninguna de las personas anteriores, el arrendatario podrá solicitar la moratoria en el plazo de un mes desde el 1 de abril de 2020, siempre que no se haya acordad voluntariamente otra medida, pero el arrendador no está obligado a aceptarla, pudiendo el arrendatario en dicho caso tener acceso a un microcrédito.

COBERTURA FINANCIERA PARA ARRENDATARIOS.

Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica, podrán solicitar créditos ICO, por importe máximo de 6 meses, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable hasta diez, sin gastos e intereses para el solicitante.

ACREDITACION DE CONDICION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA.

El arrendatario deberá acreditarle al arrendador su situación de vulnerabilidad económica con los siguientes documentos:

  • Situación legal de desempleo con certificado de la Seguridad Social donde conste la cuantía mensual de prestación o subsidio.
  • En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia, certificado por la AEAT o el organismo competente de la Comunidad autónomo.
  • Número de personas que habitan en vivienda habitual:
    1. Libro de familia y documento que acredite pareja de hecho.
    2. Certificado de empadronamiento, con seis meses de permanencia.
  • Notas simples de la titularidad de los bienes de todos los miembros de la unidad familiar.

Si no puede aportarse alguno de los documentos, podrá realizar declaración responsable y tras un mes desde el fin del estado de alarma, deberá aportar los documentos no aportados.

CONSECUENCIA DE HABERSE BENEFICIADO SIN REUNIR REQUISITOS.

Serán responsables de los daños y perjuicios generados, así como los gastos derivados aquellos que han sido beneficiado de una moratoria de deuda arrendaticia y/o de ayudas públicas, sin perjuicio de las responsabilidades incurridas. El importe de daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente percibido.

AYUDA PÚBLICA Y SU CUANTÍA. LINEAS GENERALES.

Se prevé un programa de ayudas para aquellos arrendatarios, que por motivos de vulnerabilidad no hayan recuperado su situación económica tras el estado de alarma, y no puedan cumplir con la devolución de ayudas financieras recibidas.

En el despacho Ruiz&Monrabal Abogados estamos en constante estudio de las publicaciones y modificaciones legislativas al respecto, pudiendo darles el asesoramiento correspondiente a su caso concreto.

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