MEDIDAS DE AYUDA A LAS FAMILIAS, CONSUMIDORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

Ante la actual situación de emergencia de salud pública, el Gobierno de España viene adoptando medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones en el ámbito comunitario e internacional. En el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, encaminadas a proteger a las familias y a los colectivos más vulnerables, así como a los consumidores en esta situación de crisis.
Con la finalidad de asegurar el bienestar de las familias y colectivos desfavorecidos y asegurar las condiciones indispensables para cubrir sus necesidades, se han aprobado las siguientes medidas:

  • Ayuda a los arrendatarios de viviendas en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, cuyo análisis realizamos en otro artículo independiente, por la importancia y complejidad de las medidas, pero que se concretan con la suspensión temporal de los desahucios, una prorroga de los contratos de arrendamiento, así como una moratoria de la renta y ayudas para su pago.
  • Ampliación hasta 3 meses de la moratoria de deuda hipotecaria referida a:
    1. La adquisición de vivienda habitual.
    2. Para los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica.
    3. Para las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.
  • Suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
  • Posibilidad de disposición del ahorro acumulado en planes de pensiones en las situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.
  • Prohibición de suspensión del suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, mientras esté en vigor el estado de alarma.
  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a declaración del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en la Ley General de Seguridad Social.

Por otro lado, en un contexto excepcional como el actual, es necesario dotar a los consumidores y usuarios de los mecanismos que garanticen sus derechos y su protección, por ello el Real Decreto-Ley establece:

  • Posibilidad de resolución durante el plazo de 14 días de los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma y consiguiente devolución por parte del empresario de las sumas abonadas. En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin rescisión contractual.
  • En los contratos de viajes combinados que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
  • Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto.

En definitiva, las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley tratan de minimizar el impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria actual, protegiendo a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, debido a la complejidad del procedimiento, desconocemos el éxito final de dichas medidas. Estamos a su disposición en RUIZ&MONRABAL ABOGADOS para aclarar sus dudas al respecto.

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