MEDIDAS EMPRESARIALES Y LABORALES

EXPEDIENTES DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO: ERTE

• ¿Qué se entiende por ERTE por causa de “fuerza mayor”? Art. 22
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o cuyo cierre haya sido motivado por el contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo que queden acreditados. Afectará directamente a todas las actividades cuya suspensión o cierre temporal se hayan incluido en el decreto de Estado de alarma, y que son las siguientes:
⁻ Museos.
⁻ Archivos.
⁻ Bibliotecas.
⁻ Monumentos
⁻ Espectáculos públicos.
⁻ Esparcimiento y diversión.
⁻ Café-espectáculo.
⁻ Circos.
⁻ Locales de exhibiciones.
⁻ Salas de fiesta.
⁻ Restaurante-espectáculo.
⁻ Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
⁻ Culturales y artísticos: Auditorios, Cines, Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
⁻ Otros recintos e instalaciones: Pabellones de Congresos, Salas de conciertos, Salas de conferencias, Salas de exposiciones, Salas multiuso, Teatros.
⁻ Deportivos: Locales o recintos cerrados.
⁻ Espacios abiertos y vías públicas: Recorridos de carreras al aire libre.
⁻ Actividades recreativas de baile: Discotecas y salas de baile, Salas de juventud.
⁻ Actividades recreativas Deportivo-recreativas: Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.
⁻ Juegos y apuestas.
⁻ Culturales y de ocio.
⁻ Recintos abiertos y vías públicas: Verbenas, desfiles y fiestas populares.
⁻ De ocio y diversión – Bares.
⁻ De ocio y diversión – De hostelería y restauración.
Se asume pues que no solo el cierre o cese de actividades por orden gubernativa es fuerza mayor, sino también otras situaciones derivadas como la falta de suministros, problemas de movilidad, contagios o aislamiento – siempre decretados por la autoridad sanitaria – etc., todo ello coincidiendo con lo que ya había avanzado una nota técnica de 12 de marzo del Ministerio de Trabajo.
Este tipo de ERTES conllevan la exoneración de la cuota empresarial de la cotización de la Seguridad Social.
• Otros ERTES derivados de la situación:¿Qué se entiende por “causas económicas”? Regulados en el art. 23.
Para el caso de las empresas que se vean afectadas por la situación pero no puedan acogerse al ERTE por fuerza mayor, pueden hacerlo por las causas generales del art. 47 ET (seguramente serán causas productivas):
Descenso repentino y precipitado de la facturación o de la demanda de la actividad, en
empresas que no se hayan visto directamente afectadas por las medidas incluidas en la
declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19.
Este tipo de ERTE no lleva aparejado la exoneración de cotización de la Seguridad Social.
• ¿Qué duración tiene un ERTE? Regulado en el art. 28.
El tiempo que dure la causa de fuerza mayor.
• ¿Cuáles son las consecuencias para los trabajadores? Art. 25
Si se opta por la suspensión temporal de los contratos, se suspenden las obligaciones
recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. El trabajador pasará a encontrarse en situación legal de desempleo y percibirá el 70% de su base de cotización. Si el convenio colectivo lo establece, se complementará el salario hasta que perciba el 100% de su nómina. Voluntariamente, la empresa también puede complementar el salario.
Si se opta por la reducción de jornada, se reduce el tiempo de trabajo y el salario proporcionalmente a la medida adoptada. La reducción de jornada puede ser de entre el 10 a al 70% de la jornada inicialmente pactada en el contrato de trabajo.
Dicha situación se aplicará aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Además no computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.
• ¿Tengo que pagar la cuota empresarial de los trabajadores a la Seguridad
Social, una vez quede aprobado el ERTE? Se regula en el art. 24.
Como decimos, según el tipo de ERTE. En los ERTES que se autoricen por causas económicas (art. 23), y no por fuerza mayor si que habrá que pagar dicha cotización. Sin embargo en los ERTES autorizados en base a fuerza mayor (art. 22), las empresas quedan exoneradas del pago de la cuota, durante el periodo de suspensión o reducción de jornada.
• ¿Desde cuándo afecta esta medida a mis trabajadores?
Desde la fecha del cierre o causa de fuerza mayor.
• ¿Qué tiene que hacer mi trabajador para percibir la prestación?
La empresa comunicará a LABORA todos los datos necesarios. Es importante que el trabajador transmita correctamente a su empresa los datos relativos a domicilio, DNI, teléfono de contacto, cuenta bancaria y correo electrónico. LABORA gestionará automáticamente la prestación y comunicará la resolución directamente al trabajador.
• ¿Hasta qué fecha les tengo que pagar el salario?
Hasta la fecha de efectos en la que se inicia la situación de fuerza mayor.
• ¿Ante qué organismo se presenta el ERTE?
Ante la Dirección General de Trabajo de cada Comunidad Autónoma.
• ¿Cómo se tramita y cuánto tarda en hacerse efectivo?
Se inicia mediante solicitud ante la autoridad laboral, acompañada de la relación de los trabajadores a los que afecta la medida, junto con la comunicación remitida a los trabajadores y los medios de prueba que estimemos necesarios para acreditar la causa económica o de fuerza mayor. La Autoridad Laboral tarda 5 días en autorizar el ERTE.
Se necesita certificado digital para presentarlo. En caso de caducidad del mismo la AEAT ha previsto la posibilidad de utilizarlo igualmente.
• ¿Qué requisito se exige a la finalización del estado de alarma?
Son medidas implantadas para evitar despidos. Por ello se exige como requisito, la necesidad de readmitir a todos los trabajadores afectados, y mantenerlos durante el plazo de SEIS MESES desde la reanudación de la actividad.
• ¿Qué ocurre si es imposible garantizar la continuidad de la empresa?
Extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas y el abono de una indemnización correspondiente a 20 días por año trabajado, junto con la nómina y vacaciones pendientes.
• ¿Y si no puedo pagar la indemnización?
El FOGASA se hará cargo del pago de la cantidad pendiente, reconocida en el acto de conciliación o en la resolución judicial, sin que pueda pagar una cantidad superior al doble
del salario mínimo interprofesional (incluyendo la prorrata de pagas extra) diario multiplicado por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días.
• ¿Qué ocurre si el trabajador no tiene a nadie para cuidar a sus hijos?
Los trabajadores pueden solicitar a la empresa la adaptación de su jornada por deberes de
cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19. Dicha adaptación tiene que ser proporcionada y, dentro de lo posible, consensuada con la empresa.
• ¿A qué se refiere con adaptación de la jornada?
Puede consistir en: cambios de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo (teletrabajo), reducción de la jornada o cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pueda implementarse de modo razonable y proporcionado. Siempre limitado al periodo excepcional de las medidas aplicadas por el COVID-19.
• ¿Y si el trabajador opta por solicitar la reducción de jornada?
En ese caso, siempre y cuando cumpla las circunstancias anteriormente descritas para
acogerse a la misma, deberá solicitarlo por escrito a la empresa con 24 horas de antelación.
• ¿Qué porcentaje de jornada puede reducir el trabajador?
Hasta el 100% de la misma. En caso de que el trabajador solicite el 100% de la reducción lo tendrá que justificar y tendrá que ser razonable y proporcionado según la situación de la empresa.
• ¿Su salario se reduce en función de la reducción de jornada solicitada?
Si, el salario se reducirá en proporción al porcentaje de jornada que solicite reducir el
trabajador, incluido si se solicita el 100% de la reducción.
• ¿En qué situación laboral está se encuentra un trabajador infectado?
Se encontrará de baja laboral por incapacidad temporal.
• ¿Si hay posibilidad de hacer teletrabajo, puedo obligar a los trabajadores?
La medida debe ser acordada entre trabajador y empresa, el teletrabajo no puede imponerlo la empresa ni exigido por el trabajador, no obstante, dada la situación sobrevenida, se ha recomendado por las instituciones la implantación de estos sistemas en todos aquellos puestos de trabajo que se puedan acoger.
En caso de acordarse el teletrabajo los medios de producción deben ser aportados por la
empresa. En caso de actividades como la docente, al estar cerrados los centros de trabajo, es necesario continuar con la actividad mediante sistemas telemáticos. Ocurre lo mismo con otras actividades, cuyo cierre no se ha acordado, pero sí la actividad en modo presencial.
• ¿En qué situación se encuentra el trabajador durante el aislamiento preventivocomo consecuencia de la enfermedad COVID-19?
Se considerará en situación de incapacidad temporal por enfermedad común de conformidad con el Criterio 2/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
• ¿ Como afecta a los Autónomos?
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
Requisitos
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

Adjuntamos las dos normas esenciales: RD 463 2020 y RDL 8 2020

Silencio positivo: Si tras 5 días hábiles desde la presentación, la Administración no resuelve, se entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo positivo, en virtud el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho plazo ha sido prorrogado en la Comunitat Valenciana hasta los 10 días en virtud de la resolución de 30 de marzo de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Entendemos de dudosa legalidad acordar una prórroga generalizada sin justificación o motivación individualizada, ni tampoco notificación a cada uno de los solicitantes, pero por prudencia jurídica, es aconsejable dejar transcurrir el plazo de la ampliación, sin perjuicio de recurso en caso de una resolución negativa durante la prórroga.

OTRAS MEDIDAS LABORALES:

PROHIBICION DE ACOGERSE AL DESPIDO OBJETIVO COMO CONSECUENCIA DEL COVID19: RDL 9/2020

No se podrá despedir trabajadores durante el estado de alarma, que traigan como causa las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Aunque el título es llamativo, realmente tenemos que analizar su contenido para saber que quiere decir realmente, y cuales son sus consecuencias para los trabajadores. Como vemos tan solo afectará a los despedidos por causas objetivas, no así ni a los despidos disciplinarios, ni tampoco a los despidos improcedentes. Por tanto los empresarios sí podrán acogerse a este tipo de despidos, que suponen un coste adicional de 13 días por año, respecto de los objetivos. Sin embargo, para los trabajadores los efectos no van a ser del todo positivos, ya que aunque es cierto que va a aumentar su indemnización por despido, no es menos cierto que se quedan sin los beneficios del art. 25 del RDL 8/2020, es decir, no gozarán de la prestación por desempleo especial, sino la común. Por tanto la medida beneficiará a los trabajadores que se despidan de larga duración, pero será perjudicial a los trabajadores temporales y de corta duración (los más afectados siempre por los despidos), por cuanto su indemnización no será muy elevada y muchos de ellos no podrán cobrar desempleo por no cumplir los periodos mínimos de cotización, o en caso de cobrarlo computará para periodos posteriores.
Art. 25 RDL 8/2020:

a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
3. Las medidas previstas en el apartado 1 serán aplicables a las personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

Asimismo se aprueba una suspensión de los contratos temporales:

Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

La duración de los contratos temporales afectados por un ERTE acogido al RDL 8/2020 se suspende, por lo que no se considerarán finalizados durante el plazo de suspensión (aunque esa fuera la fecha prevista), y tras la reanudación deberán mantenerse durante el periodo que restaba por cumplir en el momento de la suspensión. Al igual que la medida anterior, la empresa podría optar por un despido improcedente, en caso de no poder cumplir con esa exigencia, pagando 13 días más por año de antigüedad, que no será una cantidad elevada en los contratos temporales. Por contra el trabajador perderá gran parte de la duración de la prestación por desempleo, al no poder acumular el desempleo especial durante el ERTE, al desempleo que le correspondería por la cotización propia.

A través de este enlace podrán ver el texto literal y completo del RDL 9/2020: RDL 9 2020

PERMISO RETRIBUIDO OBLIGATORIO Y RECUPERABLE: RDL 10/2020 

Para evitar la movilidad de los trabajadores, se aprueba un permiso retribuido recuperable desde el día 30 de marzo hasta el 9 de abril. Dicha medida no afectará a las actividades esenciales, ni tampoco a los trabajos que se realizan telemáticamente desde sus casas, por cuanto lo que trata de evitar son los desplazamientos de los trabajadores desde la vivienda a sus puestos de trabajo. Es una medida imprescindible para evitar la movilidad y contagio de trabajadores, pero que supone una carga extra para las empresas en estos momentos, sin que se regule una medida compensatoria.
Hay que tener en cuenta que no se decreta el cierre de todas aquellas actividades no esenciales, como erróneamente se ha difundido, sino que se trata de una norma estrictamente laboral y que afecta a los trabajadores, no a la suspensión de la actividad. Aunque parezca lo mismo, no lo es, ya que el cierre de las actividades no esenciales supondría que las empresas pudieran acogerse a los ERTE de fuerza mayor, con todos sus beneficios para las empresas que tuvieran que parar. Sin embargo, el permiso a los trabajadores obligatorio y retribuido, no permite calificar el cierre de la actividad con causa de fuerza mayor.
La recuperación de horas se tendrá que pactar con los trabajadores, y realizar antes del 31 de diciembre de 2020.
Les adjuntamos enlace con el RD 10/2020 y las actividades consideradas esenciales: BOE-A-2020-4166

DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS LABORALES

Para los desplazamientos de trabajadores en actividades esenciales se deberá llevar consigo un certificado que acredite la necesidad del trabajador de acudir al puesto de trabajo, por no estar incluido en el permiso obligatorio. Acompañamos modelo de certificado: BOE-A-2020-4196

MEDIDAS PARA LOS AUTONOMOS

Desde el gobierno de España y la Generalitat Valenciana se han aprobado medidas para intentar paliar esta situación de los AUTONOMOS, cuando éstos han tenido que suspender su actividad o la han visto reducida considerablemente. Las resumimos las más importantes medidas:

  1. Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVD 19 y sean titulares de un punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar.
  2. Derecho a prestación extraordinaria a favor de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
  3. Líneas de avales gestionadas por el ICO, en colaboración con entidades financieras, para atender las necesidades de financiación destinadas para pagar salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones tributarias. El 50% de esta línea de avales se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes, que podrán solicitarlos siempre que no tuvieran ninguna deuda pendiente con las Administraciones a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
  4. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias para las cotizaciones de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, esté comprendido entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  5. Se permite a las empresas y autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, que puedan solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de 2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.
  6. Se permite a empresas y gestorías a utilizar el Sistema de remisión electrónica de datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social.
  7. Aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la prestación por cese de actividad regulada en el Real Decreto-ley 8/2020 y que no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin recargo
  8. Se toman medidas para que al determinar el descenso de facturación que de derecho a la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 17 del Real decreto-ley 8/2020, la referencia de partida se haga sobre la base del conjunto de la campaña anterior y no en relación con el semestre anterior, ya que existen producciones que centralizan su facturación en determinados meses de la campaña.
  9. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en créditos o préstamos concedidos a empresas y autónomos por Comunidades Autónomas o Entidades Locales, tanto respecto del principal como de intereses a satisfacer durante 2020, siempre que la crisis sanitaria haya originado períodos de inactividad, reducción significativa del volumen de ventas o interrupciones en el suministro de la cadena de valor que les impida o dificulte atender el pago.
  10. Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

Por otra parte, y como refuerzo de estas medidas, la Generalitat Valenciana adoptará las siguientes medidas para autónomos:

  1. Ofrecerá subvenciones directas a las personas trabajadoras en régimen de autónomo, que desarrollen su actividad profesional en la Comunitat Valenciana en alguno de los sectores afectados por la situación de crisis sanitaria. Esta medida estará dotada con 57 millones de euros, y consistirá en ayudas directas a estos trabajadores, que podrán ser de 750 a 1.500 euros, dependiendo de si su actividad ha disminuido o ha tenido que cesar.
  2. Se habilitarán líneas de financiación a autónomos y micropymes de hasta 750.000 euros a tipo cero con carencia de dos años y hasta diez años de vida del crédito, avalados por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
  3. Se ampliarán los plazos para el pago de diversos impuestos.
  4. Con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas valencianas para hacer frente a los pagos con regularidad, el Institut Valencià de Finances (IVF) programa la concesión de créditos directos y otorgamiento de avales, adopción de medidas tendentes a facilitar las condiciones de repago de los créditos ya concedidos por la entidad y la modificación de las condiciones de sus líneas de financiación bonificadas, atribución de los beneficios del ejercicio anterior a la bonificación de la financiación que conceda en el presente ejercicio.

A través de este enlace pueden acceder a la Guía del Ministerio y analizar las respuestas a las preguntas y dudas más frecuentes sobre autónomos: Guía autónomos covid-19. También les proporcionamos este enlace de la Generalitat Valenciana, en cuanto a las medidas aprobadas para la Comunitat Valenciana: COVID AYUDAS Preguntas frecuentes EAUCOV

FINANCIACION PYMES Y AUTONOMOS: Se han aprobado las líneas ICO para EMPRESAS, PYMES y AUTONOMOS, para inyectar liquidez en estos difíciles momentos para todos ellos. Adjuntamos el enlace con al información más detallada: LINEA ICO

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