MEDIDAS REFERENTES A LAS FAMILIAS Y CONSUMIDORES

En esta publicación realizada por nuestra Abogada Amparo Legua Soriano analizamos las medidas más importantes en relación a los consumidores y personas afectadas por la pandemina del COVID19.

EFECTOS DEL COVID19 EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDAS

Dentro de las medidas económicas urgentes adoptadas por el Gobierno de España para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19, destaca la moratoria del préstamo hipotecario, regulada en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo: a través de esta medida, los ciudadanos que tuvieran extraordinarias dificultades para afrontar el pago de su crédito hipotecario como consecuencia de la presente crisis podrán obtener la moratoria en el pago del mismo.

¿Qué requisitos se han de cumplir para obtener la moratoria del crédito hipotecario?
– La deuda ha de haberse contraído para la adquisición de vivienda habitual.
– Se aplica a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
– El deudor ha de encontrarse en los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el Real Decreto Ley.
¿Cuándo se entiende que nos encontramos en una ‘’situación de vulnerabilidad económica’’?
Cuando el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
Cuando, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda; esto es, el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3; o bien, que se haya producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.
Cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Actualmente el IPREM es de 537,84 euros, por lo que el límite de 3 veces es de 1.613,52‬ euros al mes.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar.
Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM.
En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual (…) el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.Cuando la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar
Todos estos extremos han de acreditarse a través de la documentación indicada en el Real Decreto:
• Certificado de desempleo donde conste el subsidio o el certificado de cese de actividad de autónomos.
• Libro de familia y empadronamiento.
• Declaración de incapacidad.
• Documento acreditativo de la titularidad de la vivienda, escrituras de compraventa del inmueble y de concesión del crédito hipotecario…
Asimismo, estas mismas medidas se reconocerán a los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario; con la peculiaridad de que estos puedan solicitar a la entidad bancaria que, previamente, se proceda contra el patrimonio del deudor, incluso en casos de renuncia al beneficio de excusión.
¿Cuál es el plazo para solicitar el aplazamiento?
La moratoria se podrá solicitar hasta 15 días después del fin de la vigencia del Real Decreto-Ley. Una vez realizada la solicitud, la entidad bancaria dispondrá de un plazo máximo de 15 días para su implementación.
Finalmente, la entidad bancaria deberá comunicar al Banco de España la existencia de la moratoria y su duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.
Se trata pues de una medida para paliar la falta de liquidez de las familias que se vean afectadas por las consecuencias del estado de alarma, que lleva como consecuencia el aplazamiento de cuotas hipotecarias, no su exención.

MEDIDAS SOBRE EL ARRENDAMIENTO, HIPOTECAS, SUMINISTROS, EMPLEADOS DEL HOGAR Y CANCELACIONES.

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, aprueba unas nuevas medidas encaminadas a proteger a las familias y a los colectivos más vulnerables, así como a los consumidores en esta situación de crisis.
Con la finalidad de asegurar el bienestar de las familias y colectivos desfavorecidos y asegurar las condiciones indispensables para cubrir sus necesidades, se han aprobado las siguientes medidas:

  • Ayuda a los arrendatarios de viviendas en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, cuyo análisis realizamos en otro artículo independiente, por la importancia y complejidad de las medidas, pero que se concretan con la suspensión temporal de los desahucios, una prorroga de los contratos de arrendamiento, así como una moratoria de la renta y ayudas para su pago.
  • Ampliación hasta 3 meses de la moratoria de deuda hipotecaria referida a:
    1. La adquisición de vivienda habitual.
    2. Para los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica.
    3. Para las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.
  • Suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
  • Posibilidad de disposición del ahorro acumulado en planes de pensiones en las situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.
  • Prohibición de suspensión del suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, mientras esté en vigor el estado de alarma.
  • Subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social y subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a declaración del estado de alarma y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en la Ley General de Seguridad Social.

Por otro lado, en un contexto excepcional como el actual, es necesario dotar a los consumidores y usuarios de los mecanismos que garanticen sus derechos y su protección, por ello el Real Decreto-Ley establece:

  • Posibilidad de resolución durante el plazo de 14 días de los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma y consiguiente devolución por parte del empresario de las sumas abonadas. En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin rescisión contractual.
  • En los contratos de viajes combinados que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
  • Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto.
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