MEDIDAS RELATIVAS AL DERECHO DE FAMILIA

Esta publicación realizada por nuestra Abogada Mª Jesús Lara Sánchez, trata de analizar los efectos del estado de alarma en el ámbito del derecho de familia, y  el complejo escenario en el que nos encontramos debido a la crisis sanitaria creada por el COVID -19, comúnmente denominado coronavirus.

CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIDA Y REGIMEN DE VISITAS

Una de las consultas que más preocupan a los progenitores separados con hijos comunes es, lógicamente, la aplicación del régimen de visitas o en su caso, de la custodia compartida: ¿se mantiene, queda suspendido, han de tomarse medidas excepcionales…?

Si bien el art. 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, indica las excepciones a la limitación de circulación de las personas, entre las que se encuentran la asistencia y cuidado, entre otros, de menores, el hecho de que no exista una regulación expresa para dichos supuestos crea mucha fricción en el seno de estas familias.

Es necesario iniciar este articulo indicando que, siempre, como en cualquier otra situación, lo que ha de primar es el interés y bienestar del menor, debiendo los progenitores consensuar las medidas de carácter urgente que han tomar. Parece evidente, pero en muchas ocasiones, precisamente, lo obvio, es lo más difícil de ver.

Muchos padres se están sirviendo del estado de alarma para entorpecer el régimen de visitas acordado judicialmente respecto del otro progenitor. En otros casos, se incumple con el régimen de visitas alegando la imposibilidad para llegar a la vivienda del otro y hacer la entrega o recogida. La casuística es múltiple. Sin embargo, lo que está claro es que estos son ejemplos de comportamientos abusivos y contrarios a derecho, que podrían dar lugar a una solicitud de modificación de cambio de medidas cuando la situación vuelva a la normalidad.

Por tanto, nuestra recomendación es que, siempre que se pueda, y cumpliendo con las medidas de seguridad, se siga cumpliendo con lo establecido por resolución judicial, la cual deben llevar consigo los progenitores cuando realicen cualquier desplazamiento para evitar sanciones administrativas.

Los progenitores deben de llevar testimonio de la sentencia y el convenio en los traslados para evitar sanciones administrativas por la limitación de la movilidad de las personas. Sin embargo, en casos en los que el régimen de visitas sea de corta duración (menos de 8 horas), sin incluir pernocta y que pueda conllevar una exposición del menor en la vía pública para su entrega y recogida innecesaria, lo razonable es que las partes alcancen un acuerdo al respecto para su suspensión, pero siempre siendo conscientes de la compensación posterior de ese tiempo que debe operar.

En el caso del régimen de visitas cuya entrega y recogida del menor se ha designado en un punto de encuentro, por existir una prohibición de aproximación y comunicación entre los progenitores, habrá de designarse a una persona de confianza para que proceda a las entregas y recogidas del menor/es en un lugar próximo a los domicilios, con el fin de limitar la estancia de los mismos en la vía pública, pero siempre respetando las medidas judiciales acordadas.

Aconsejamos plasmar por escrito las nuevas medidas pactadas por los progenitores, para evitar malos entendidos futuros, así como reclamaciones injustificadas.

Asimismo, en los casos de custodia compartida, salvo que uno de los progenitores u otro familiar con el que conviva, se encuentre contagiado o en cuarentena, o vivan con personas especialmente vulnerables, los cambios de guarda también deben hacerse del modo en el que estén pactados. Si bien es cierto que, en el caso de cambios de guardas de corta duración (por ejemplo, casos en los que pasan dos/tres días con cada progenitor) la recomendación es alargar dichas guardas y hacerlas semanales o incluso quincenales, evitando salidas y riesgos innecesarios.

En caso de que no sea posible cumplir con el régimen de visita o régimen de guarda y custodia, recomendamos encarecidamente hacer uso de los medios telemáticos que tenemos a nuestra disposición, facilitando que la comunicación del menor con el progenitor no custodio sea lo más fluida posible.

Nuestra recomendación, tanto en este caso como en los restantes, es que prime el sentido común, dejando las controversias que puedan existir entre las partes y centrándonos en lo más importante, el bienestar de los menores. Somos conocedores de que no siempre es así, por eso en estos difíciles momentos reiteramos a nuestros clientes, lo que es una de nuestras señas de identidad jurídicas, como es la negociación frente a la confrontación, y la voluntad que deben de mostrar las partes en intentar llegar a un acuerdo, en especial en asuntos de familia, en donde está en juego algo mucho más importante que el ego personal de los padres.

En estos momentos lo más importante es llegar a acuerdos en interés de la salud del menor y recogerlos en un documento consensuado como anexo al convenio.

ESPECIAL PROTECCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO

Real Decreto 11/2020 establece una serie de medidas, que entendemos que más que una ampliación, vienen a ser un refuerzo de las ya existentes, manteniendo y adaptando los servicios de asistencia integral y de protección, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento dadas las circunstancias excepcionales que afrontamos. Asimismo, dichas medidas de protección también se aplican a las víctimas de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Entre esta banda de medidas, destacan:
1. Se garantiza el normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, así como los servicios de teleasitencia y asistencia social integral (consistente en la orientación jurídica, psicológica y social).
Las victimas pueden seguir llamando al teléfono 016, para solicitar información y asesoramiento, número que no deja rastro en la factura telefónica y que funciona las 24 horas del día. Solamente hay que borrar la llamada del móvil, pues normalmente sí queda registrada en el listado de llamadas salientes.
Asimismo, se refuerza el servicio de atención psicológica por medio de la aplicación de WhatApp.
2. Las Administraciones Públicas garantizaran el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros para las víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
Como novedad, cuando sea necesario para garantizar la acogida de dichas víctimas y de sus hijos, si han de abandonar su domicilio, al margen de los centros referidos, las administraciones podrán hacer uso de los establecimientos de alojamiento turísticos a los que se refiere la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos.
3. En cuanto al sistema de seguimiento por medios telemáticos (pulseras cometa), para el cumplimiento de medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación, se garantizará su normal funcionamiento, incluido el servicio de puesta a disposición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios.
4. A fin de prevenir el incremento de casos de violencia de género que el aislamiento domiciliario puede provocar, así como para facilitar a las víctimas el acceso a los servicios de asistencia social integral, y para potenciar la sensibilización de su entorno social y familiar, las Administraciones habrán de elaborar las oportunas campañas de concienciación.
5. Por último, si bien el Real Decreto no incluye la asignación de fondos adicionales para llevar a cabo estas medidas, se simplifican los procedimientos para favorecer la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin de permitir a las comunidades autónomas y entidades locales usar los remanentes de los fondos no gastados correspondientes al 2019, y junto a los de 2020 poder destinarlos a dar respuesta a la violencia contra las mujeres en esta crisis sanitaria.

Ante cualquier situación de riesgo de violencia, llame al teléfono 016, o solicitar  en una farmacia la “mascarilla19”, lo que advertirá al farmacéutico para informar de la situación a las fuerzas de seguridad, y con ello evitar la llamada desde el propio domicilio o a través del móvil de la víctima.

 

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