NUEVO PROCEDIMIENTO SUMARIO EN DERECHO DE FAMILIA PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL COVID 19

Hoy publicamos este análisis realizado por nuestra Abogada Mª Jesús Lara Sánchez, referente al nuevo procedimiento sumario especial en materia de Derecho de Familia, que traiga causa en la crisis provocada por el COVID19.

Hace unos días se publicada el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Entre las medidas y mecanismos adoptados en el mismo, se establece la regulación de un nuevo procedimiento, especial y sumario para la resolución de diversas controversias (lamentablemente, no de todas) surgidas en derecho de familia a consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID 19.
Dicho Real Decreto-ley, en sus art. 3 a 5, regula el citado procedimiento, de vigencia temporal, para las demandas que se presenten durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización. En virtud de este, se regirán por este proceso las siguientes demandas:

a) Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19.
b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la LEC, cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

Así, el elemento determinante para valerse de este procedimiento es que la modificación o alteración en la que se basa la pretensión de la demanda derive de la situación ocasionada por el COVID 19.

Para clarificarlo más, pondremos unos ejemplos:

  •  Demanda de modificación de medidas presentada por progenitor no custodio, que solicita una reducción en la pensión de alimentos que abona a su hija menor por encontrarse éste en situación de desempleo desde enero de 2020: no se tramitarán por este procedimiento sumario, ya que la alteración sustancial que motiva la modificación, no tiene su origen en la crisis provocada por el coronavirus, debiendo por ello seguir el cauce ordinario.
  •  Demanda de modificación de medidas presentada por una progenitora no custodia, que solicita una reducción en la pensión de alimentos que paga a su hijo menor, basada en las dificultades económicas que la misma atraviesa, ya que es autónoma y su clínica de estética permanece cerrada desde que se decreto el estado de alarma: esta variación si puede atribuirse a la crisis económica provocada por el COVID 19, y si procede su tramitación por este procedimiento sumario.
  •  Progenitor que solicita el restablecimiento de la custodia compartida, que no pudo cumplirse por la situación de estada de alarma: se puede tramitar mediante este procedimiento sumario, para intentar compensar y equilibrar la situación.

Hemos de indicar igualmente que, en este procedimiento sumario, igualmente, podrán acumularse dos pretensiones diferentes, como la modificación de las medidas económicas adoptadas, así como la compensación por los días de visita/ custodia y/o vacaciones que se han dejado de disfrutar, siempre que las mismas están relacionadas por la crisis del COVID 19.

Se establecen las reglas de la competencia funcional del Juzgado para conocer de dicho procedimiento sumario, correspondiendo al Juzgado que hubiese resuelto sobre el régimen de visitas o custodia compartida cuyo reequilibrio se inste o que hubiera acordado las medidas definitivas cuya revisión se pretenda, o el Juzgado que corresponda al último domicilio común de los progenitores, según se trate de una petición u otra.

En cuanto a su tramitación se establece un procedimiento nuevo y sumario, que se inicia con una demanda propia del juicio ordinario. Dicha debanda deberá ir acompañada de la prueba documental esencial para justificar la petición. Las demandas a que versen sobre la revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, así como las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos (párrafos b) y c) del artículo 3) deberá ir acompañadas de un principio de prueba documental aportando el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación legal de desempleo, o el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado que acredite el cese de actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia. En caso contrario se deberá inadmitir la demanda presentada.

Admitida a trámite, se citará a las partes y al Ministerio Fiscal cuando proceda, a una vista, que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de admisión de la demanda, pudiendo llegar a una acuerdo las partes, antes de la misma. Previamente a la celebración de la vista, en los procedimientos iniciados mediante la demanda a que se refiere el párrafo a) del artículo 3, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los mayores de doce años.
Las partes podrán solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que posean instituciones públicas o privadas, y que no estén a su disposición. Se entenderán que están a su disposición, aquellos documentos que se expidan por registros públicos a las partes. El resto de las pruebas deberán practicarse en la vista, o en el plazo que señale el juez, que no podrá exceder de quince días.

Se establece como novedad que el Juez pueda dictar resolución, en forma de sentencia o auto según corresponda, de manera oral o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles (que entendemos será lo más normal). En caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y de una sucinta motivación.

Si la resolución se formulase oralmente, podrán en ese acto todas las partes expresar su decisión de no recurrir, y en ese caso se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada, pudiendo ser apelada.

Tras la explicación realizada de este nuevo procedimiento, nuestro despacho RUIZ&MONRABAL ABOGADOS  se pone a su disposición, en caso de encontrarse  inmerso en alguno de los presupuestos indicados, para instar dicho procedimiento, o para asesorarle en cualquier situación análoga, iniciando la correspondiente negociación con las partes, para intentar previamente solucionar la controversia extrajudicialmente

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