SOLUCIONES CONCURSALES EN CASO DE CRISIS TRAS EL COVID19

Como decíamos, no sabremos si nuestra planificación tras el COVID19 va a resultarnos, y si podremos cumplir con las obligaciones periódicas fijas, más las acumuladas del estado de alarma, que hemos estado analizando estos días, aplazamientos contractuales, devoluciones de préstamos ICO de liquidez, aplazamientos tributarios de impuestos, reanudación de los contratos laborales y su permanencia 6 meses, aplazamientos de Seguridad Social, etc. Medidas que nos han aportado liquidez durante el estado de alarma, y con ello la supervivencia de la empresa, pero que despúes tendremos que abonar con los ingresos futuros. Pero ello es conveniente tener un plan B, en caso de no poder cumplir con los compromisos, para no verse afectados por una posible responsabilidad personal.

Así el artículo 5 de la Ley Concursal establece:

Deber de solicitar la declaración de concurso.
1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.
2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4.º, haya transcurrido el plazo correspondiente.

Dicho plazo ha quedado interrumpido en virtud del art 43 del RDL 8/2020, que establece que durante la vigencia del estado de alarma resultarán inexigibles ciertos deberes para los deudores, como es el caso del deber del deudor de instar su declaración de concurso por encontrarse en insolvencia actual. Además no se admitirán a trámite los concursos presentados durante la vigencia del estado de alarma y los dos meses siguientes.

Por tanto queda limitada de presentación de concursos  durante este plazo, y exonerada por tanto la responsabilidad del administrador, por no hacerlo. Además se establece un mecanismo a favor de deudor, como es la prioridad del concurso voluntario, frente a cualquier concurso forzoso interpuesto previamente por algún acreedor durante dichos meses.

Pero estamos más que en una obligación (que también) en un mecanismo del deudor para paralizar las ejecuciones individuales, y poder garantizar la viabilidad futura de la empresa en el futuro, a través de intentar negociar un convenio con los acreedores. Llegado esta situación tras el estado de alarma tendremos 2 meses para analizar la situación y tomar las decinsiones más oportunas para intentar salvar la empresa y eludir cualquier responsabilidad del administrador, como consecuencia de la situación sobrevenida como consecuencia del COVID19.

Previamente a ello, tenemos un recurso mucho más sencillo e igual de efectivo. Nos los brinda el art. 5.bis de la LC. Se trata de un procedimiento pre-concursal para evitar ejecuciones individuales sobre bienes esenciales de la empresa, que nos da un plazo de 3 meses antes de presentar el concurso, para llegar a un acuerdo de refinanciación con los acreedores y poder salvar la empresa. En caso de haberlo presentado antes del estado de alarma, el plazo legal queda interrumpido también durante el mismo.

Por tanto estos mecanismos que nos proporcional la ley concursal, son esenciales tenerlos en cuenta tras la reanudación de la actividad para poder salvar la empresa y la responsabilidad del administrador en caso de que nuestro plan no salga como esperamos. Algunos estudios económicos y financieros ya están alertando de esta posibilidad. Desde RUIZ&MONRABAL ABOGADOS SL nos ponemos a su disposición para asesorarle en estos momentos de crisis y preocupación.

 

 

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